El uso de drones estará vigilado por el ‘Equipo Pegaso’, una unidad de la Guardia Civil

Para facilitar el avance de una actividad económica emergente pero con seguridad

En lo que supone facilitar el avance de una actividad económica emergente pero con seguridad, la Guardia Civil lleva dos años poniendo a punto el ‘Equipo Pegaso’ que se acaba de presentar en sociedad y que se encargará de velar por el buen uso de los drones en el espacio aéreo de la Comunidad de Madrid.

Usará material para detectar, localizar, identificar e inhibir la señal de estos drones como es el caso de un rifle conectado a un módulo auxiliar que permite desinhibir las bandas de frecuencia y neutralizar el sistema.

Esta iniciativa comenzó a gestarse en 2015 en previsión de posibles incidentes ante el significativo desarrollo de este sector emergente y que muchos consideran “un juguete” y no una aeronave. En ese momento, la Guardia Civil a través de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de Madrid destinó una serie de recursos humanos y materiales al estudio del uso y control de los drones que empezaban a proliferar.

Y es que la popularidad y el desarrollo de actividades con este tipo de aeronaves que ha creado en España casi tres mil empresas, ya ha ocasionado incidentes que han afectado a la seguridad operativa de otros usuarios del espacio aéreo.

Incumplimientos por desconocimiento 

El ‘Equipo Pegaso’, que va a constituir un aporte de presencia especializada y de asesoramiento técnico, ya ha logrado esclarecer diversos incidentes aéreos, ha detectado incumplimientos legislativos, además de asesorar a diversas unidades policiales a nivel nacional.

Según estos agentes especializados, gran parte de los usuarios de drones parece desconocer las reglas de circulación aérea vigentes para estas aeronaves, ya sean de tipo profesional o recreativo.

Los incumplimientos más frecuentes que cometen estos usuarios son por la falta de documentación, ausencia de placas identificativas de los aparatos, pilotar a distancias inferiores a las permitidas en los aeródromos sin acuerdos de coordinación, o volar en situación de emergencia sin la autorización preceptiva.

Suponen una infracción administrativa en el ámbito de la aviación civil, según recoge el artículo 44 de la Ley de Seguridad Aérea, del 7 de julio de 2003. Las sanciones pueden llegar a superar los 4.500 euros.

Marco regulador para un sector emergente

En diciembre de 2017 entró en vigor el Real Decreto 1036/2017 con el objetivo de establecer las medidas necesarias para la realización segura de las operaciones en las que intervengan drones.

El texto vino a ampliar el marco normativo de “mínimos” adoptado inicialmente por la Ley 18/2014 para la realización de actividades con aeronaves pilotadas por control remoto, incorporando toda la casuística de potenciales actividades que este sector emergente desarrolla como vuelos, actividades deportivas, recreativas, de competición o exhibición.

El avance de esta actividad económica no ha parado en estos tres últimos años. En la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) se han habilitado casi 3.000 operadores, 3.693 pilotos y 4.283 drones, a lo que hay que sumar 74 escuelas de formación y una veintena de fabricantes solo en nuestro país.

En consecuencia, era necesario una regulación para equilibrar desarrollo y seguridad.

De ahí que el Real Decreto establezca los requisitos para que los operadores de drones puedan desarrollar de forma segura actividades en entornos en los que hasta ahora no era posible hacerlo, como el sobrevuelo en las inmediaciones de edificios, reuniones de personas al aire libre y vuelos nocturnos.

También se permiten operaciones en espacio aéreo controlado.

Todo ello con autorización previa de AESA, entre otros requisitos.Igualmente, establece las condiciones que deben cumplir las organizaciones de diseño, fabricación y mantenimiento de drones, así como los requisitos de formación para su pilotaje, de acuerdo a la normativa europea.

En cuanto al uso recreativo, se establece una serie de limitaciones destinadas a garantizar la seguridad del espacio aéreo y de la ciudadanía como, por ejemplo, no volar sobre “aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre”.

Font:Conlegal